Por: Redacción
Nuevo León.- El Gobierno del Estado y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) obtuvieron una victoria legal definitiva frente al consorcio AQUOS, logrando reducir una demanda multimillonaria de 3 mil 400 millones de pesos a un pago final de solo 32 millones.
La controversia, originada por el cancelado proyecto Monterrey VI, se resolvió mediante un complejo arbitraje comercial. El consorcio reclamaba la cifra inicial por presuntos daños y perjuicios tras la no concreción del Contrato de Asociación Público Privada (CAPP). Sin embargo, la defensa legal, coordinada por Javier Navarro Velasco, titular del Gabinete de Buen Gobierno, demostró que tales daños eran inexistentes, ya que el contrato nunca entró en vigor debido a incumplimientos de la propia empresa.
Con esta resolución, la administración estatal cierra un capítulo de incertidumbre financiera relacionado con uno de los proyectos más polémicos de sexenios anteriores, reafirmando su postura de protección a los recursos de los ciudadanos.